Tal y como indicamos en apartados anteriores, la designación obligatoria de un Delegado de Protección de Datos solo debe hacerse en determinados casos, establecidos en el artículo 37 del RGPD y el artículo 34 de la LOPD-GDD.

Algunos casos están muy claros: clínicas, bufetes de abogados, empresas grandes, financieras, centros docentes… Sin embargo, algunos casos no quedan establecidos directamente. Por ejemplo, el artículo 34.1.j. de la LOPD-GDD indica que deben nombrar un DPD: “Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”. Y, si vamos a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, nos encontramos muchos sujetos obligados, como inmobiliarias, gestorías, fundaciones, despachos de lotería, etc.

Se han realizado múltiples consultas de este último punto ante la AEPD, casi todas resueltas de forma ambigua. Por ello, nuestra postura es la de recomendar la contratación de esta figura en estos casos, toda vez que así lo indica la normativa, al menos hasta que haya una postura clara de las autoridades de control.

Consúltanos gratuitamente y sin compromiso sobre la obligatoriedad de esta figura en tu caso concreto.